Regreso de Julio César al Ayuntamiento no es viable: PRD

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Guanajuato, Gto 29 de marzo de 2017. La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del Ayuntamiento capitalino, no ve viable la reincorporación de Julio César García Sánchez como regidor.

Julio Ortiz Vázquez, regidor del PRD (Foto: Vivian Della Rocca)

Así lo expresó el perredista Julio Ortiz Vázquez, quien comentó que la intención de separarlo de su cargo, es por el proceso penal que lleva actualmente y por el cual debe estar en igualdad de circunstancias que la víctima.

Por ello dijo que al ser un proceso largo y complicado, no sería benéfico que regresara como regidor al órgano de gobierno, pese a que en el estado ya no exista la figura del fuero constitucional.

Agregó que tampoco puede decidir el Congreso del estado o el propio Ayuntamiento si regresa o no en estos momentos, pues expresó que eso se vería una vez que haya concluido su proceso y se conozca la resolución.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, comentó en pasadas declaraciones que el Ayuntamiento de Guanajuato es la única autoridad competente para decidir si regresa Julio César a su cargo, pese a que siga en proceso su demanda por presuntas agresiones a su ex pareja.

En entrevista a parte se le preguntó al alcalde Edgar Castro Cerrillo si apoya o no el regreso del ex compañero perredista, a lo que prefirió no emitir respuesta pues no existe, por el momento, una solicitud formal por parte de García Sánchez para regresar al cabildo.

Fue en 2016 cuando la ex pareja de Julio César García Sánchez denunció ante el ministerio público que era agredida durante su relación, pero fue hasta principios del 2017 cuando comenzaron las audiencias para deslindar responsabilidades.

Sin embargo el Magistrado Francisco Medina suspendió provisionalmente las audiencias y determinó que el ex funcionario tendría que pasar un año en rehabilitación y pagar a la víctima por los daños hechos. Ante este panorama la décima sala penal de Poder Judicial revocó la decisión del magistrado para que el proceso continuara, pues entre las consideraciones se tomó en cuenta que la víctima de violencia contra la mujer no puede ser sometida a una suspensión provisional pues genera agravios.