Exigen gobernadores nuevo pacto fiscal

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Guanajuato, Gto. Ante la crisis económica que se avecina debido a la extensión de la contingencia sanitaria del Coronavirus, gobernadores que integran la «Alianza Federalista» exigieron que se convoque a la Comisión Nacional Hacendaria para hacer cambios al «Pacto Fiscal».

En reunión en la capital del estado, los mandatarios de Guanajuato, Nuevo León, Colima, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes, tomaron acuerdos para afrontar la emergencia de salud por el Covid.

Tras la reunión, en rueda de prensa, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, explicó que se acordó pedir al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que de manera urgente convoque la Comisión Nacional Hacendaria para modificar el Pacto Fiscal, debido a la crisis económica que se prevé por la contingencia sanitaria de COVID-19.

«Damos a conocer la solicitud urgente al Presidente de la República, para que en apego a sus facultades y a su compromiso con el federalismo, convoque a los gobiernos locales, poderes del estado y organizaciones especializadas, a la celebración de una urgente Comisión Nacional Hacendaria, para reflexionar sobre los cambios que requiere el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de cara a una de las peores crisis económicas, que México enfrentará, en los meses inmediatos”.

En su intervención, Silvano Auroles Conejo, Gobernador de Michoacán, afirmó que, el actual pacto fiscal, impide que se distribuyan equitativamente, los recursos los estados, lo cual a su vez frena el fortalecimiento de las acciones de beneficio social para los ciudadanos.

Sostuvo que la emergencia sanitaria tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico lo que hará que se pierdan empleos y dejara a millones de personas en la pobreza.

El ejecutivo michoacano, afirmó que el pacto actual, es obsoleto ya que el 80 por ciento de la recaudación local se concentra en la federación y de ahí se reparte a los estados, lo que evita que las entidades tengan los suficientes recursos para el desarrollo social.