Guanajuato, Gto. El diputado del PAN del Congreso de Guanajuato, Rolando Alcantar Rojas, informó que, por ley, el número de escoltas que se le asignan a un ex funcionario estatal o municipal tiene que ser confidencial.
Lo anterior después de que trascendiera que el alcalde de Silao, José Antonio Trejo, y quien dejará el cargo el nueve de este mes, solicitara seis escoltas para su seguridad una vez concluido su periodo; mientras que su antecesor, Juan Antonio Morales Maciel, dispuso de tres agentes.
Al respecto el legislador explicó el número de elementos que se asigna a un ex funcionario municipal o estatal es confidencial, pues el cargo que se le da a los efectivos es importante y por un tiempo de uno a tres años, por lo que no se pueden correr riesgos en la protección de los involucrados.
Aclaró que el Ayuntamiento no puede acordar el número de escoltas para el ex alcalde o el Secretario de Seguridad del municipio, pues eso está estipulado en la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de tomar un acuerdo sería porque la seguridad personal se quiere dar a otro funcionario que no tenga dichos cargos.
Alcantar Rojas recordó que este año se reformó la propia ley, y fue uno de los conceptos modificados, como ejemplo dijo que, por parte de funcionarios estatales que dejan su función, solo el gobernador, el Secretario de Seguridad, el Secretario de Gobierno, el Subsecretario de Seguridad Pública y el comisario estatal de Seguridad pueden acceder a contar con protección personal por un tiempo máximo de tres años.
“Parte de las reformas es que se debe hacer un diagnóstico para ver la necesidad del servicio, no es automático, debe haber un dictamen previo a la realización del estudio para corroborar que lo ocupa, ya que en el caso de funcionarios estatales podrán contar con escoltas por un máximo de tres años, y que sepan que los elementos son para su seguridad no para hacer mandados o ser sus choferes”.
El panista explicó que, en el caso de los Ayuntamientos, solo los cargos que toman decisiones directas a la seguridad son los que pueden acceder al servicio de protección personal, en este caso los alcaldes y los secretarios o directores de seguridad, y la prestación es por un año.
También aclaró que, en la parte municipal, para poder acceder a dicho beneficio, no se puede comprometer la seguridad pública de la entidad local, es decir, que si no cuenta con los recursos humanos suficientes para que se proteja al ex funcionario sin dejar desprotegida a la sociedad, no se puede brindar el servicio.
Finalmente, en entrevistas a parte, diputados del PRI, Verde, Morena y PAN, coincidieron en que la ley en mención debe ser reformada con tal de que no tenga lagunas sobre cuántos efectivos se pueden asignar para cada ex funcionario.
