Hay tres grupos de personas que gastan el dinero ajeno: los hijos, los ladrones y los políticos.
Dick Armey
Cayeron los dos primeros
¿Caerán más?
Me pregunto si la aprehensión del ex director de los hospitales de León y Celaya, Gregorio Martín del Campo, y de su ex jefe de recursos financieros, Fernando Guiza, es la punta de la madeja, el principio del fin, la primera de una reacción en cadena.
Me pregunto si se quiere dejar claro, fuera de toda duda de una vez por todas al pueblo de Guanajuato, que el gobernador Miguel Márquez Márquez no es como el anterior, no es como otros anteriores —peores y del PRI, dirían los panistas—, no piensa robar y no permitirá que los actos de corrupción cometidos en el sexenio anterior o en el suyo queden sin castigo.
Que él sí es honesto como dice, y que hay que creerle porque lo dice.
Me lo pregunto porque hasta ahora varios de los principales actos de gobierno —sobre todo los que se conocen los viernes y los fines de semana para amanecer el lunes en las portadas— han obedecido a la agenda del PRI (como ya lo mencionaba en un artículo anterior) o al recurso vil con que se espanta a las moscas y a los políticos: los periodicazos.
No me ha quedado claro tampoco el efecto mariposa de estas detenciones. Se supone que obedecieron a una ágil, inmediata y profunda investigación y tinglado armado entre una denuncia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el actuar diligente de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Es que, cómo olvidarlo, había varias otras denuncias hechas por el Órgano de Fiscalización Superior formadas haciendo fila detrás de esta denuncia, que se supone fue presentada a fines del sexenio que terminó Héctor López Santillana, cuando ya la podredumbre imperante en el Instituto de Salud Pública del Estado (nombre con el que factura la Secretaría de Salud) o el ISSEG, o el DIF en tiempos de Juan Manuel Oliva —haya o no estado metido en ésas—, salía a flote y sí, flotaba y olía tan mal que no había modo de ignorarla u ocultarla.
Es que sobre este bonche de denuncias del OFS del Congreso —algunas de las cuales ya tienen varios, muchos meses en la Procuraduría de Justicia del estado— nada se dice, no se sabe si se han consignado, de ninguna detención se ha conocido.
Hombre, siquiera por solidaridad, si en el Congreso del Estado la bancada del PAN le resuelve fasttrack al gobernador Márquez cualquier trámite requerido —un préstamo, un proyecto de seguridad estatal, un decreto de fin de semana para acallar a las mujeres latosas—, pues qué le cuesta al Ejecutivo darle celeridad, a través de la Procuraduría, a todos los casos en los que seguramente un buen número de ex funcionarios —o de funcionarios en activo todavía— del sexenio pasado hicieron de las suyas.
Si sólo en el tema de Salud el Órgano de Fiscalización Superior tiene pendientes en la Procu tres denuncias que juntas representan irregularidades o posibles delitos por 20 millones de pesos (VEINTE MILLONES), pues lo que conocimos ahora con los dos ex funcionarios es una probadita del pastelote que hasta el momento de manera impune se repartieron con cargo al erario público.
Me pregunto, insisto, si esto no es más que la huella endeble de un gobierno reaccionario… que nomás reacciona a la coyuntura mediática momentánea.
Entonces, ¿va en serio?
Pregunto.
