Guanajuato, Gto. 12 de marzo de 2014.- La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas analiza la auditoría que entregó el Órgano de Fiscalización Superior en el caso del proyecto Escudo, para determinar si se inicia un proceso de responsabilidades administrativas o si el caso se archiva.
La titular, Isabel Tinoco Torres, informó que apenas el 19 de febrero la Secretaría fue notificada sobre la resolución del OFS en el que se señalan irregularidades administrativas.
“Tenemos que trabajar en ese sentido como si fuera de nosotros, como si la hubiéramos iniciado nosotros, soy enfática porque es el procedimiento que tiene que ser. Ahorita lo que sigue es analizar sobre las observaciones que están vigentes para determinar si procede el archivo o iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas; si determinamos instaurar un procedimiento de responsabilidad comienza el periodo de audiencias, pruebas y alegatos para poder emitir una resolución. Ahorita está en manos de secretaría dictaminando si van a proceder observaciones del OFS”.
La titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,no quiso dar mayores detalles de la revisión por cuestiones de confidencialidad de la auditoria, sin embargo, aseguró que ninguna de las observaciones que hizo el Órgano Superior de Fiscalización ha prescrito porque el proyecto Escudo es nuevo.
Tinoco Torres comentó que en el dictamen del órgano fiscalizador no señala los nombres de los presuntos funcionarios que habrían incurrido en una irregularidad, eso dijo, lo tendrá que determinar la secretaría.
La funcionaria aseguró que la revisión se hará con estricto apego a la ley para determinar si era necesario que el Congreso local autorizara la contratación multianual del proyecto.
“No vienen señalado ningún responsable como tal, solo personas responsables por tal conducta, nosotros vamos a determinar quiénes y cuáles son las sanciones. Atendiendo al comentario del gobernador de que es cuestión de criterios, lo que vamos hacer es revisar la observación desde el punto de vista constitucional, todo el análisis será basado en la ley”.
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tiene 60 días hábiles a partir de que fue notificada de la resolución para determinar si instaura un procedimiento de responsabilidades administrativas o el asunto se archiva, después tiene un periodo de 30 días que se pueden alargar para atender alguna situación que pueda surgir del proceso.
