Jean Baudrillard es un filósofo provocador y profundo. En 1978 publicó un ensayo que nos parece por demás interesante para comprender o enredarnos más de lo que pasa en la actual coyuntura mexicana: La precession des simulacres, en el cual distingue entre “fingir” y “simular”.

«Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia. Pero la cuestión es más complicada, puesto que simular no es fingir: «Aquel que finge una enfermedad puede sencillamente meterse en cama y hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una enfermedad aparenta tener algunos síntomas de ella». Así, pues, fingir, o disimular, dejan intacto el principio de realidad: hay una diferencia clara, sólo que enmascarada. Por su parte la simulación vuelve a cuestionar la diferencia de lo «verdadero» y de lo «falso», de lo «real» y de lo «imaginario». El que simula, ¿está o no está enfermo contando con que ostenta «verdaderos» síntomas? Objetivamente, no se le puede tratar ni como enfermo ni como no–enfermo. La psicología y la medicina se detienen ahí, frente a una verdad de la enfermedad inencontrable en lo sucesivo».

Un poco largo pero necesario para explicarnos qué está pasando con las decisiones de la autollamada “Cuarta Transformación” y que ha dividido opiniones y diagnósticos de economistas, politólogos, constitucionalistas y ciudadanos comunes. Una división de opiniones que, por supuesto, también ha impactado en la prensa internacional y en los observadores políticos del mundo, porque México es un país de alto interés por su peso económico y regional.

A los ojos internos y externos, tenemos problemas desde constitucionales, voces que alertan separatismo hasta chantajes de los grupos que llegaron al poder para imponerse sobre las ahora minorías. No faltan quienes señalan la incapacidad para administrar al Estado, y, sin duda, acusar que el manejo de la pandemia estuvo fuera de control.

En nuestro país, el discurso oficial nos presume, en principio, el combate efectivo a la corrupción, algo que sigue en dudas, pues en comparación con las acciones emprendidas en el delamadridismo con la renovación moral de la sociedad, fueron más y de mayor perfil los sancionados por la controlaría que, por ahora, están más atendidos a funcionarios menores. Tampoco hay continuidad al Sistema Nacional Anticorrupción ni reformas integrales a la administración pública que echen atrás leyes y reglamentos absurdos, cargados de burocracia y suspicacia en el servicio público federal.  

Vinculado a lo anterior, una política fiscal que acaba con los privilegios a las grandes empresas y castigo a quienes en el sexenio pasado evadieron, lo cual es medianamente cierto, porque profundizando en la recaudación y la estrategia del SAT, ha tenido éxito para que corporativos desistan en sus peleas por exenciones o devoluciones millonarias, pero también la presión va sobre los contribuyentes cautivos, sin un periodo de gracia para no pagar durante el confinamiento y, peor aún, está en la Cámara de Diputados una reforma a la miscelánea fiscal que amenaza con meterse a la casa de los contribuyentes, sus familias y amigos “solidarios” con el fin de fiscalizarle todos sus bienes y garantizar el pago de los impuestos. La transparencia y el servicio público, la otra cara del pago de impuestos, brilla por su ausencia, en su lugar hay asignaciones directas y, lamentablemente, un deterioro en las obras y servicios públicos que debían caminar. So pretexto de combate a la corrupción el gobierno dejó de gastar y desamparó varios programas en salud, seguridad y fomento a la ciencia y la cultura.

Se presume una política social pero no se observa la evaluación del impacto social efectivo: ¿ha subido la calidad de vida?, ¿han disminuido los pobres?, ¿cuál es la trascendencia transgeneracional de cada acción emprendida?, ¿por qué los controles del padrón de beneficiarios los manejan partidistamente los “siervos de la nación”? Quizá aquí haya mucho qué explicar, porque políticas paternalistas no abonan en fortalecimiento del tejido social ni en bienestar transgeneracional, pues nunca el dinero regalado alcanza si éste no se destina a reproducir cadenas productivas.

La política de austeridad en gastos superfluos en el gobierno y en particular en la Presidencia de la República dicen que son millonarios porque los presupuestos destinados al servicio del staff del Ejecutivo federal son mucho menores a los comparados en años anteriores, pero también hay mucha discrecionalidad, poca transparencia y para el PEF 2021 se crean más direcciones y subdirecciones, además de que los dineros de los fideicomisos que tiene Hacienda podrían ser utilizados desde esta área.

Una situación que trae conflictos y acusaciones son los pagos “multimillonarios” a la mayoría de los medios de comunicación “y periodistas”. Claro, los medios lo han resentido y junto con ello los han obligado, y con éxito, a buscar el ingreso a través de la iniciativa privada, los lectores y consumidores. El saldo social detrás es que hay cientos de trabajadores de la comunicación sin empleo y hay una campaña en que se estigmatiza la labor del periodista y opinador, como si se tratara de enemigos del sistema o culpables de las redes de complicidad que hicieron propietarios con la gente del poder político del momento. En contraste, vemos que hay un consejo asesor compuesto en su mayoría por los propietarios de las cadenas de radio y TV, además de otros empresarios. Asimismo, nadie oculta que los pagos a periodistas ahora se trasladaron a una discrecional u oscura fórmula para pagar youtuberos, blogueros y redes digitales.  

La nueva política de salud en la que las grandes transnacionales dejaron de imponer sus intereses en el etiquetado de alimentos ultraprocesados la encabeza el subsecretario, quien es militante civil de estas causas y ahora hay estados donde se impulsan leyes en la materia a veces hasta más radicales que las de la federación. Nadie podría estar en descuerdo en que se obliguen a las empresas de alimentos procesados informar qué nos depara el consumo. Ejemplos hay en el mundo de que los humanos somos objeto de experimentación de intereses del capitalismo depredador; ahí está caso Dupont que puede verse en Netflix. Sin embargo, no se observa ninguna campaña promocional del acondicionamiento físico, no hay política pública para que la población se ejercite o coma adecuadamente. Ni siquiera hay una legislación que obligue a empresas a tener suscripciones con gimnasios o clubes deportivos para que la población no engorde y coma adecuadamente, y eso es papel del Estado regirlo. 

Las inversiones en proyectos de infraestructura se localizan en tres grandes: Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto Santa Lucía. Especialistas en México y en el extranjero no han dejado de señalar errores estratégicos en las tres, impacto ambiental negativo, poco análisis de proyección socioeconómica, además de que absorben gran parte del presupuesto federal por encima de muchas prioridades como salud, educación o cultura. La defensa está en la generación de empleos que ellas generan y del impacto económico que vendría a futuro; no han dicho ni cuántos ni cuándo, ni tampoco el costo/beneficio de cada una de ellas; esa es una materia por descubrir.

Jean Baudrillard nos apunta que cuando la simulación no tiene correspondencia a una realidad, ni a una referencia ni a una sustancia, entonces estamos observando “lo hiperreal”, donde lo único que subsiste es el concepto (4T). De ahí que se intenta hacer coincidir lo real, todo lo real, con sus modelos de simulación y eso, al final, sólo es propaganda. Cuidado, porque los ciudadanos pueden estar contentos y engañados por un tiempo, pero no por mucho tiempo.