Hay conceptos que el tiempo no desgasta. A fuerza de pensarlo y luego decirlos, pueden convertirse en convicción, no solo propia sino de otros. Por ello, en remembranza de la promulgación de la Constitución de 1917, no quiero inventar el hilo negro, simplemente reproduzco, las palabras expresadas en esa misma fecha pero del año 2005. Terminaba un sexenio que ofreció cambios, alternancia, renovación. Acepté gustosa la invitación que entonces me hiciera un importante grupo de la hoy llamada “Sociedad Civil”, me refiero a Constitución y República Siglo XXI. Lo que ha ocurrido en seis años, lo hemos sufrido millones de ciudadanos.
“México siempre había sido un país de leyes. Desde nuestras raíces prehispánicas, las condiciones de vida de un pueblo eminentemente lacustre impusieron la repartición de funciones, sobre la base de la veneración a la sabiduría de los ancianos y notables, la observancia de una estricta disciplina jerárquica, la sumisión a sus leyes, el respeto a las creencias por medio de una educación estricta y minuciosa. El pacto de Itzcoatl es quizá uno de los antecedentes más antiguos de reglamentación en asuntos económicos, fiscales, reparto de tributos, satisfacción de necesidades sociales, alianzas matrimoniales y ayuda mutua en el caso de calamidades; amén de considerar aspectos administrativos como fue el reparto de funciones entre los tres estados que conformaron dicho pacto.
La invasión europea rompió este orden e introdujo una nueva visión a los gobiernos de los calpullis y señoríos de aquella época y así en un sucesivo cambio, la nación fue asimilando su mestizaje y regulando su actividad cotidiana en diversos ordenamientos hasta llegar al siglo XX, en el que con maestría el pueblo —al depositar su soberanía en el constituyente— promulgó la primera Constitución del planeta que logró integrar en un orden jurídico magistral, la confluencia de las eternas luchas para alcanzar un equilibrio que tuvo como visión integral, la garantía de los derechos individuales y la salvaguarda de los derechos sociales enraizados en nuestra esencia.
Hoy a 95[1] años de ese histórico momento, nuestro sistema jurídico se ha convertido en una amalgama normativa complicada, contradictoria e ineficaz. Aquel documento, cuyo original arrancó de lo más profundo de mi Ser, lágrimas de emoción el día que tuve la oportunidad de observarlo en el Archivo General de la Nación, se ha convertido en un desdibujado remedo resultado de más de 4 centenas de parches, justificados en aras de una modernidad mal comprendida que encierra la perversidad de los enemigos de México.
El mercantilismo, la ambición sin límites, el abuso del poder, hicieron de lado el Espíritu de las Leyes y los Principios Generales del Derecho. Los abogados hemos pecado de omisión. Uno que otro con mente preclara vierte análisis sobre la inconstitucionalidad de muchas reformas e insiste en la pertinencia de atacar estos desvíos por la vía de la nulidad u otros procedimientos jurídicos. Y las preguntas se imponen: ¿Qué esperamos para pasar del discurso a los hechos? ¿Será necesario que el pueblo en su desesperación haga uso de la violencia para volver a un Estado de Derecho plasmado en 1917 en un documento señero único en materia de normatividad de avanzada?
Vivimos hoy un momento muy delicado para la permanencia de las naciones, el respeto a la soberanía y la garantía de los más elementales derechos del hombre. La esclavitud —abolida, en la Constitución de 1917— de facto se ha restaurado, las cadenas de antaño son hoy tarjetas de plástico insertas en los sistemas internacionales de crédito; los derechos laborales no resisten la ambición y el dominio desmedidos de las fuertes transnacionales, el derecho a la intimidad es conculcado por una torcida interpretación de la libertad de expresión, el derecho social en todas sus vertientes sucumbe ante los embates del individualismo exacerbado y una visión inhumana del mercado”.
Ayer, más importante que celebrar el noventa cinco aniversario de la promulgación de aquel documento, lo fueron las elecciones internas y las encuestas de partidos cuyos militantes se podrían hasta matar con tal de obtener y mantener una cuota de poder. ¿Y el pueblo? disfruta hoy de un día de asueto, cuya celebración tal vez ni relacione con la Constitución de 1917. Muchos profesionistas, se han convertido en taxistas, comerciantes de garnachas o vendedores de ropa de segunda en los tianguis semanales. La economía no tiene para cuando pues la actual está fundamentada en la informalidad, el desprecio por las leyes y el privilegio a la ganancia aun cuando lo que se venda sea robado, contrabandeado, pirateado o de mala calidad.”
Para nuestra desgracia, a seis años de haber expresado las anteriores palabras, se sigue mutilando la esencia de ese magnífico documento. Ha perdido aspectos tan importantes, como la separación iglesia-estado, la laicidad, las soberanía sobre los bienes nacionales —hidrocarburos, energía, espacio aéreo etc.— y lo que es más grave, la obligatoriedad de que el gobierno cumpla funciones encaminadas al bien común. Por ello insisto en lo que dije el sexenio pasado: “Es tiempo de actuar, de defender con la justicia los derechos de nuestro pueblo, de conducirnos con energía sin desestimar la sabiduría y la mesura. Si no pasamos de la omisión a la acción, lo que estamos poniendo en juego es el futuro de nuestros hijos y nietos”.
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[1] En el texto original dije “hoy a casi 90 años”.
