Al igual que nos hemos acostumbrado a las cifras cotidianas de muertos y desaparecidos, tampoco parecen hacernos mella las estadísticas que nos colocan en bajos niveles educativos. Las comparaciones internacionales en esta materia son una más de las consecuencias de la globalización, que nos ha sometido a procesos extralógicos, para definir niveles de vida, tanto en el plano de lo social como el económico. Hoy día, por el simple conteo de muertos se nos califica como un país más peligroso que Irak; se dice que ocupamos el primer lugar de niños gordos y algunos lamentan los últimos sitios asignados a México en materia educativa. Y más allá de los cuestionamientos que pudiéramos compartir a favor o en contra de quienes han posicionado maneras de evaluar cuantitativas y no cualitativas, que además pasan por alto la diversidad de realidades de cada grupo calificado, lo cierto es que sí adolecemos de retrocesos que podrían resolverse con simple voluntad política.

Sin pretender ser reduccionista, pregúntese: ¿Por qué la ley de cultura cívica es ineficaz en materias como evitar basura en las calles? ¿De verdad el alcoholímetro es la manera idónea para reducir la adicción a las bebidas embriagantes? ¿Por qué los índices de robo en tiendas de autoservicio o departamentales no ha podido disminuirse y sí en cambio ha aumentado la sobrepoblación de pobres en las cárceles? ¿Cómo es que llegamos a catorce millones de personas en la economía informal? “Es problema de educación” le dirán muchos; lo malo es que este señalamiento no se hace con honestidad ni tampoco con la intención de subir el nivel educativo de los mexicanos, sino para desprestigiar a la educación pública, a los maestros —sobre todo sindicalizados— y como parte de una mercadotecnia encaminada a privilegiar los negocios educativos. ¿Cuántos jóvenes de universidades privadas “cortan y pegan” documentos almacenados en las redes virtuales, para ser calificados en infinidad de materias? ¿Cuántos de ellos han sido obligados a renunciar a su calidad de ponentes o han declinado una calificación? Las consultas bibliográficas son tan antiguas como los documentos mismos; bibliotecas desde la de Alejandría, hasta las archi modernas, son para consultar ideas de otros que pueden o no sustentar u oponerse a nuestro punto de vista. Tiempos hubo en que se llegaba a ellas sin más recurso que los mecanismos de memoria, después se permitió una libreta y un lápiz, luego se promovió el sistema de fotocopias y hoy, simplemente es el “copy-paste” del Internet. ¿Dónde y cómo se desarrolló la flojera para redactar y en qué punto se perdió la honestidad para citar al autor primario de la idea tomada como referente? ¿Será por la falta de civismo y ética en las curricula educativas?

Si un político perredista, que aspira a ser delegado en Coyoacán, utiliza dinero público asignado para asesoría legislativa, en la compra de voluntades, a fin de que “el pueblo participe en los comités ciudadanos” prefiriendo a personas analfabetas funcionales porque son las más fáciles de manejar; el nivel de este ejercicio democrático será deplorable. Y de ninguna manera se trata de negarles un espacio a estas personas, ya marginadas; lo ideal sería utilizar tales recursos para enseñarles a mejor leer y escribir a fin de elevar el nivel de La Política y no como bolsa discrecional de diputados o delegados. Algo similar ocurre cuando, con absoluta carencia de ética, en las campañas electorales se ofrece, por ejemplo, crear empleos sin abordar el hecho de que la economía mexicana se sustenta en modelos informales que fomentan conductas delictivas, como lo es la evasión de impuestos, el ejercicio indebido de la función pública o la colusión entre funcionarios y particulares para incumplir la ley.

Ante esta ausencia de congruencia y de valores, la diarrea legislativa[1] fomenta lodazales sociales, donde el enfrentamiento de trabajadores contra patrones; “ciudadanos” y políticos, policías o ladrones” y a la inversa; parecen normales y casi justificatorios de la ausencia de paz, propiciatoria de un ambiente idóneo para el estudio, la superación y el apoyo mutuo. ¿Cómo evitar que los niños y jóvenes mientan si se gastan millones del erario en inventar y publicitar beneficios inexistentes? ¿Quién se puede arriesgar a denunciar el rayón, pinchadura, manotazo que da un “viene viene” a su coche, si le protege un líder coludido con el policía? ¿Cómo cumplir los reglamentos que señalan que la vía pública es para transitar, si a los ambulantes “fijos y semifijos” los avala justo el inspector de vía pública? ¿Será posible disminuir los índices de obesidad, diabetes o accidentes fatales —quemaduras, intoxicaciones etc.— mientras no haya el valor de retirar de las calles a los vendedores de alimentos? ¿Podrán estos comerciantes informales pasar a la formalidad mientras el abrir un negocio sea peor que una carrera mortal de obstáculos?

Sin restar méritos a análisis educativos carentes de explicaciones acerca de las relaciones causales de los negativos resultados asignados a México, buena parte del problema se resolvería si desde el gobierno se empiezan a desarrollar sistemas de control —no autoritarios ni represivos, aunque sí firmes, éticos y valientes— que permitan potenciar las muchas cualidades de nuestros niños, jóvenes y adultos. Por supuesto esto no conviene ni a los negocios globales de la educación ni a los bolsillos de muchos precandidatos que debieran aprovechar esta “ínter campaña” para estudiar y reflexionar acerca de las responsabilidades que deben asumir al convertirse en legisladores, gobernadores, delegados o presidente. Tarea muy difícil para solo 45 días; pero necesaria si no quieren correr el riesgo de que La Nación se los demande.

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[1] Es vergonzoso admitir que un buen número de ordenamientos se promulga a modo del poderoso en turno, para disimular la abierta violación a principios constitucionales y de voluntad popular, en beneficio de unos cuantos.