A partir de la profunda falta de conciencia —esa que tiene entre sus muchos elementos para la maduración el conocimiento histórico— las personas tienen fuertes dificultades, para percibir su entorno, convirtiéndose en el mejor de los casos en simples espectadores y en el peor de ellos, cuasi-robots prestos a responder a cualquier tipo de manipulación. El escándalo que involucra tanto a constructores nada profesionales como a autoridades corruptas, sacado a flote por las aguas de las tormentas en varios estados de la república, aunado a los oídos sordos[1] que parecen despreciar los señalamientos ciudadanos, ha colocado a jueces y magistrados en el banquillo de los acusados.

Se pueden contar por cientos, si no es que miles las tremendas violaciones que tienen en su base el famoso tema del uso de suelo[2] que, en el caso de las reservas biológicas —bosques, lechos de río, lagos— así como en zonas históricas, construcciones catalogadas, monumentos, etc. propicia el surgimiento de líderes colectivos o vecinales, a los cuales, algunas autoridades interesadas, llegan al extremo de internar aniquilar, violando toda la normatividad que sustenta el Estado de Derecho. Tal es el caso del profesor Alberto Patishtan[3] cuyo indulto ha dado a los profesionales de la descalificación un guión casi trillado en su afán de dividir a los mexicanos. ¿Alguien con sentido de responsabilidad puede asumir que el indulto presidencial de ese personaje implica una condena del poder Judicial? ¿Hay en la Ley, legislada por otro poder, algo que obligue al judicial a meterse más allá —el fondo del asunto en  materia de procedimiento constitucional por ejemplo— de lo que se le ha facultado? ¿A quién conviene una campaña de desprestigio contra quienes tienen la tarea de impartir de justicia? Nadie está exento de una resolución que parezca —y en el peor de los casos que sea— injusta. A este resultado abonan profesionales del derecho no muy duchos, contrapartes prestas a comprar voluntades y muchas veces falta de pericia  de unos y otros, porque, como siempre, insisto, esto es el mundo y no el paraíso; pero en un contexto de exagerada provocación —de los analistas que se sienten paridos por el Olimpo, los líderes partidistas interesados en llevar agua a su molino y hasta los medios de comunicación dispuestos a exagerar o pintar de amarillo cualquier frase, nota o evento, con tal de incrementar el mentado rating— cada uno podemos asumir la voluntad de pasar de una primitiva etapa intuitiva a otra de mayor comprensión y elaboración racional de la realidad.

¿Conoce casos de defraudadores, capaces de gastar más de lo que le deben al defraudado en abogados, sobornos y lo que sea, con tal de evitar una sentencia condenatoria? ¿Alguna dependencia le ha fincado un supuesto delito solo porque Usted defendió su derecho ciudadano?[4] ¿Le han amenazado, con embargos y hasta cárcel, por inconformarse de las altas tarifas de agua o luz? ¿Por qué la tesorería de la ciudad, le impide ejercer el derecho de pagar solo lo justo en su predial y se empeña tramposamente en imponerle una contribución confiscatoria? ¡Pues tiene razón! todo eso son lamentables hechos injustos pero la única defensa que el ciudadano tiene es un poder judicial fuerte. Si éste se debilita, la regresión a las leyes de la selva o el talión son inminentes.

Ser protagonista de su realidad, va más allá de la simple presencia en una manifestación —porque firmó una protesta o acompañó a quien por la presencia masiva reclama hacerse visible— supone propuestas, difusión de éstas, capacidad de diálogo cuando se llega el momento de llamar la atención a quien está violando el Estado de Derecho. El juez para decidir tiene a la mano los elementos probatorios que las partes le anexan, si un secretario o un MP interesado le ocultan algo y su abogado no logra hacerse escuchar, Usted como ciudadano, como afectado, como persona que confía en el derecho no solo puede sino tiene la obligación de acercarse a ese juez y darle a conocer su visión.

No se convierta en comparsa de los provocadores. Al ciudadano es a quien menos conviene un gobierno, un congreso o un poder judicial débil. Más allá de su filiación partidaria, su credo religioso, sus filias o fobias políticas, el más beneficiado con la fortaleza de sus instituciones y las personas cuya titularidad ostentan es, Usted mismo. Hable fuerte no solo cuando le atropellen; grite a voz en cuello cuando se le haga justicia aun cuando el camino para esa meta haya sido escabroso. De cuando en cuando, la humanidad es sometida a diversos procesos de humillación extrema. Frente a los crímenes —organizados o no, espontáneos o prefabricados, con la participación de autoridades de gobierno o de potentados— reaccione con conocimiento de causa para evitar el sentimiento de impotencia. Al pedante exhíbalo con educación, al ignorante con sapiencia, al corrupto con honestidad. Lo único que nos puede sacar adelante es la autenticidad, la responsabilidad y la congruencia entre lo que decimos anhelar y lo que estamos dispuestos a cumplir como actores importantes de una sociedad que se presume global.

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[1] De tribunales de lo contencioso e inclusive instancias del poder judicial que en su actuar justifican su obligación de someterse a las leyes.
[2] La firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  a fin de que no se otorguen licencias de construcción o se autoricen cambios de uso de suelo, salvo con la aprobación de dicha dependencia parece encaminarse a restar poder a las SEDUVI de todo el país.
[3] No es el único defensor del bosque que ha sido hostigado, encarcelado o desparecido, y en el DF sobran los casos de ciudadanos amenazados, difamados por mercenarios del poder y agredidos físicamente por granaderos, luego de atreverse a defender la imagen e historia de su entorno. Ejemplos sobran en todas la delegaciones destacando el hecho de que con dinero público CONACULTA erogó 300 mil pesos mensuales para que una agencia de relaciones públicas desactivara las protestas de los vecinos del barrio de La Conchita, respecto de los cuales en gacetillas pagadas se dijo que eran incultos, viejos aferrados al pasado y sin intención de modernizarse, un puñado minoritario de señoras aburridas y hasta asociados a movimientos de guerrilla.
[4] Me constan casos de SEDESOL y de la CFE, en los que “la persona indiciada” tuvo que angustiarse por la posibilidad de ser detenida y gastar en abogados para evitar  este atropello derivado del ejercicio de la libertad de expresión de “la presunta delincuente”, cuyo único “delito” fue decir en voz alta lo que era una evidente violación a la leyes.