Hay un problema en el Hospital Comunitario en Villagrán, municipio cercano a Celaya, en el sur del estado.

Hay una queja. Dos. Cuatro. Siete en total, en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

Hay nueve historias (por lo menos las que se conocen) en las que mujeres embarazadas o en el momento del parto, recibieron una atención que ellas y sus familiares consideran deficiente. Y creen que esas deficiencias hicieron daño. Les hicieron daño a ellas o a sus recién nacidos.

Seis recién nacidos fallecieron en esta odisea que vivieron, de mano en mano por uno, tres o hasta cinco distintos médicos en horas cruciales de sus vidas.

Hay un gran problema que no se quiere ver, que se quiere ocultar, que se quiere disfrazar.

Para nadie es un secreto que la Secretaría de Salud del estado presenta, desde hace ya varios años, una crisis real. No es una crisis de credibilidad. La corrupción ha asomado. Funcionarios de rangos administrativos han hecho maroma y circo con licitaciones y asignaciones de materiales, equipo, medicamentos, para conseguir lucros indebidos.

Médicos en hospitales como el de León —ése, ingobernado al día de hoy, viciado por mañas sindicales— vendían tratamientos, material quirúrgico, prótesis; suplían nuevas por usadas.

Estas afirmaciones forman parte de investigaciones oficiales, del propio gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Transparencia y de la Procuraduría de Justicia.

Pero varios de estos personajes directamente responsables no están en la cárcel, no se les han fincado responsabilidades, no se ha recuperado los montos de lo afectado al erario en todos los casos.

En lugar de ello, a la cárcel han sido llevados empleados o cuates de funcionarios y exfuncionarios que quién sabe hasta dónde tengan una verdadera implicación delictiva. Porque chivos expiatorios, también los hay.

Pero ésta, la del Hospital Comunitario de Villagrán, es otro tipo de crisis. Una crisis humanitaria. Es una crisis de calidad humana, de profesionistas comprometidos, de personal que tiene un empleo gracias a una plaza pagada por todos, y que da sustento a su familia con ese ingreso.

Como lo dice Marilú Zamora, una de las jóvenes madres que perdió a su hija recién nacida en marzo pasado. Dos horas vivió la bebé de Marilú, quien desde el momento en que se cumplió el término de su embarazo, hasta el parto, fue regresada en tres ocasiones a su casa (algo que sucede comúnmente con las mujeres embarazadas y no necesariamente significa una negligencia), y pasó por cinco médicos y horas de espera que para su hija fueron la diferencia entre la vida y la muerte.

Síndrome de aspiración de meconio, fue la causa del fallecimiento. Un parto “que se pasó”. Que parecía que iba tan bien, pero que a pesar de tanto médico, tanta enfermera, tantas vueltas, tanta supuesta supervisión y tantas horas, acabó tan mal. Acabó con una recién nacida muerta.

Un hecho que raya en siniestro: personal del Hospital Comunitario de Villagrán entregó el cuerpo de la bebé de Marilú a la abuela así nada más, sin acta de defunción de por medio, sin el certificado legal correspondiente, “porque no había formatos”.

Hoy, la Secretaría de Salud guarda silencio sobre todo lo que seguramente debe revisarse en el Hospital Comunitario de Villagrán, y a cambio, pregona en comunicados de a diario que un niño fue atendido maravillosamente tras la mordedura de un perro; o que otro menor fue diagnosticado con un extraño síndrome, gracias a la inmejorable atención que se brinda en ese lugar.

Qué bueno que le respondieron como se debe al niño mordido por un perro. Qué bueno que hicieron un buen trabajo, su trabajo, en el diagnóstico de la rara enfermedad reportada en el comunicado que se tomaron la molestia de redactar y enviar.

Qué malo que desde un inicio hayan ignorado a un grupo de madres sin hijos o con sus hijos hospitalizados por otras situaciones anómalas, irregulares, o necesitadas de las más amplias explicaciones, en las que también tienen responsabilidad.

Pésimo, que quieran tapar el sol con un dedo.

Porque no se puede.