Guanajuato, Gto. 19 de enero 2015.- Al reconocer que el delito de trata de blancas es un fenómeno que ya se presenta en todo el estado, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso estatal, Erika Arroyo Bello, no descartó la participación de funcionarios coludidos en el caso detectado en un inmueble del centro de
Guanajuato capital.
La diputada consideró que las investigaciones continúan en la parte federal por lo que “hay que manejarlo con mucho cuidado y responsabilizando a un solo ente, porque desgraciadamente tampoco cerramos los ojos y puede que haya alguna autoridad o algunos funcionarios coludidos”.
En entrevista sobre la presunta desarticulación de una banda de trata en el centro histórico de la capital que arrojó el saldo de dos casa aseguradas, un detenido y 13 mujeres liberadas, la diputada dijo que este delito también lo sufren municipios como León, Irapuato y el corredor industrial.
“Nosotros señalamos los municipios cuando presentamos un estudio sobre el tema de Trata de Personas en Guanajuato; ahí se anota que Irapuato tiene sus particularidades al igual que el municipio de San Miguel de Allende; León e incluso Silao, por el tráfico de trabajadores son los que tienen el problema más fuerte”, puntualizó.
Al referirse al domicilio asegurado en Peñaranda donde presuntamente operaba el lugar de reunión y de fiesta, donde presuntamente las mujeres eran obligadas a trabajar, la diputada señaló que todavía no se puede hacer un señalamiento formal sobre si hubo omisión o complicidad de autoridades.
“No sabemos si hubo denuncia previa, lo que sí te puedo decir es que actualmente se le está dando seguimiento al problema, que no está solo el ciudadano ni ciudadanas, que pueden denunciar y que las cosas pasan y la denuncia ya no se queda en el tintero”, enfatizó.
La diputada justificó la falta de información por parte de instancias oficiales, debido a lo delicado del caso y consideró que las autoridades federales están en tiempo para dar detalles con respecto al operativo.
“es un caso delicado tienen que tener todos los elementos para poderle dar seguimiento al proceso y recordemos que cualquier laguna que se deje ahí puede ser objeto de alguna impugnación o de reposición del proceso o incluso de violación de los derechos humanos”.
