Recibir educación es un derecho de todo individuo. En términos de la Constitución mexicana cuya vigencia inició en 1917 y más allá de las múltiples modificaciones, dicho privilegio tiene varias características como: el ser laica, democrática, nacional, de calidad, contribuyente a la mejor convivencia humana. Por su parte, el Estado tiene ciertas obligaciones como: que haya gratuidad en los niveles públicos de preescolar, primaria secundaria y últimamente en el medio superior dejando abierta la posibilidad de que empresas privadas eduquen.

Pocas responsabilidades gubernamentales han sido tan descuidadas como la de proveer educación. El sindicato, de ser un ente que de origen debería velar por los intereses de sus agremiados, se convirtió en fuerza política que se negocia con los partidos y otros poderes de facto. Las complicidades han llegado a extremos tipificados en el derecho penal. Los funcionarios del ministerio de la materia poco saben del tema y por ende son parte de un engranaje perverso, que a final de cuentas lastima a la nación, la sociedad, los padres de familia y sobre todo a los educandos.

¿Qué han hecho los responsables de garantizar el derecho a la educación para evitar que en vez de ir a la escuela los niños permanezcan en camellones, mercados y puestos de ambulantes? ¿Cómo se disciplina a pseudo maestros que aprovechan el aula para imbuir “métodos de lucha” como lo haría cualquier miliciano con los niños secuestrados en África o Asia? ¿Con encarcelar a una anciana se pagan las culpas de todos quienes cometieron el crimen de moldear casi tres generaciones de mediocres?

En cualquier tertulia donde el tema es tocado la queja del empresario es : “El problema es la formación de la gente, con todo y títulos no asimilan ningún proceso de capacitación”, “Los jóvenes de hoy no saben pensar”. “Me encontré con un grupo donde todos pasaron matemáticas, pues la maestra —de una preparatoria patito— les dio la liga para un programa de cómputo donde meten los factores y sacan los resultados pero sin entender la lógica de la materia”. Así las cosas, los reclutadores buscan gente que sepa sumar y restar para puestos de cajeros; desechan a los egresados de algunas especialidades de ciencias que se supone los habilitan para la estadísticas y prefieren entrenar encuestadores recién salidos de la media superior en actividades sencillas y específicas; se resignan a lidiar laboralmente con personas que para nada tienen “el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”[1]. Tiene más de una década que se incluyó en la Constitución el anhelo de que la educación será orientada con base en los resultados del progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios… ¡Aplausos!, pero el hecho es que más allá de los negocios otorgados a algunos favorecidos para regalar tabletas, computadoras y otras linduras cuyos avances no se usan por falta de suministro eléctrico o de capacitación del profesor, esto no ha pasado de ser un buen propósito también incumplido.

Hoy, deben haber vuelto a las aulas millones de niños en México, por supuesto el tema de la movilidad es un factor de tensión, aun cuando los disidentes de la CNTE hayan dicho que ahora su lucha será desde las aulas. Solo el viernes, sin más maestros que los encargados de cuidar el campamento del monumento a la Revolución en el DF, se reportaron cinco plantones y concentraciones de protesta; si a ello le agregamos los baches, las ocurrencias manceristas, el monstruo del ambulantaje, los franeleros, los taxis en lucha interna y la mil veces negada y minimizada delincuencia en la ciudad, lo que se vislumbra es una semana difícil.

Para cada caso concreto de movilidad, los ciudadanos han propuesto soluciones de sentido común —ese tan escaso entre los delegados y su legión de achichincles— pero, además de limitados académicamente hablando, ven a los gobernados como enemigos y se les dificulta concebir una propuesta que no traiga aparejada alguna ganancia tangencial al presupuesto auditable.

El titular de la SEP convalece, al parecer en un proceso que no será menor a dos meses y hasta que se de el cambio de rector en la UNAM todo lo que pueda ocurrir, se decidirá como antes “en lo oscurito” o más moderno “en las cúpulas” o menos agresivo “políticamente”. Los entes calificadores —de profesores, alumnos y proveedores— seguirán con su chamba; mientras no haya otra línea los maestros de primaria se abstendrán de reprobar a niños que deben obtener tu certificado para mejorar las estadísticas. Los niños más frustrados encontrarán la manera de seguir haciendo bullying a los “débiles”, el pueblo tratará de resolver el gran cuestionamiento ahora que le han quitado el poder económico a la sección 22. ¿Quién se quedará con ese recurso casi en la víspera del cambio de gobernador en Oaxaca? Y hasta las escuelas privadas habrán de revisar sus planes de negocio, pues con la crisis muchos de los padres optarán por la escuela gratuita. Y así las cosas, la maquinaria burocrática seguirá funcionando aun con los recortes presupuestales porque el diezmo a proveedores de pizarrones, mobiliario, útiles y hasta programas encaminados a obtener la renovación de RVOES se triplicará y se harán efectivas algunas de las multas a funcionarios y proveedores corruptos[2].

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[1] Reformado al Articulo 3º mediante decreto publicado en el Diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011.

[2] Más de 24 millones de los aplicados a 122 funcionarios y proveedores por la Secretaría de la Función Pública (SFP), andan bailando y solo tres de los 73 funcionarios de la SEP, han pagado su pena que se acerca a los nueve millones en su conjunto (fuente Unomasuno Televisión).