Carlos Olvera
Guanajuato, Gto., 31 de agosto de 2010.- Al reiterar que en el estado de Guanajuato no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto sino por homicidio en razón de parentesco, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez firmó el decreto que reducirá las penas de 6 mujeres recluidas en los Ceresos del estado y permitirá su liberación en los próximos días.
En una sorpresiva conferencia de prensa en el Centro de Convenciones y a unas horas de que el Congreso aprobó las reformas a la Ley Penal, el mandatario subrayó que ante la denuncia de que en la entidad “existían mujeres supuestamente presas por el delitos de aborto, el gobierno asumió una posición de apertura ante las autoridades correspondientes”.
En este sentido aseveró que la Oficina del Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos reconoció “que en Guanajuato no hay mujeres presas por el delito de aborto” y su gobierno atendió la revisión de atenuantes en la ley por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Oliva afirmó que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, concluyó, luego de armar los expedientes de las internas, “que no existen mujeres procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto en los Ceresos del estado” y señaló que las garantías de las mujeres presas por el delito de homicidio en razón de parentesco fueron resguardadas y no sufrieron de criminalización.
El gobernador señaló que a propuesta de la Procuraduría propuso la revisión de atenuantes en el delito de homicidio en razón de parentesco, por lo que presentó ante el Congreso reformas al Código Penal del estado, mismo que fueron aprobadas en la sesión de hoy.
Entre las bondades de las reformas aprobadas, Oliva destacó las penas proporcionales y la consideración de las “circunstancias psicosociales” en la comisión de este delito; “esta ley permitirá que las mujeres presas por este delito obtengan su libertad en los términos de la ley”.
El gobernador firmó enseguida el decreto 82 que adiciona un párrafo segundo al artículo 156 del Código Penal, que refiere lo expuesto por el mandatario. Acto seguido fue entregado al director jurídico del gobierno estatal, Plinio Manuel Martínez Tafolla para su publicación en el Periódico Oficial.
