¿Por qué no tener confianza en la justicia del pueblo? ¿Hay en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla?

Abraham Lincoln

Si alguien en el gobierno federal había sido alcanzado por las tentadoras y prometedoras ofertas que seguramente los cabilderos de la minería (nacional e internacional, particularmente la canadiense) le susurraron al oído para modificar la declaratoria de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato (que en por lo menos un 90 por ciento de su territorio corresponde al municipio de Xichú) con el propósito de reabrir con manga ancha la explotación de concesiones, tendrá qué pensarlo dos veces antes de aterrizar esos deseos, porque ya quedó claro que en el camino se encontrará con diversas voces e instancias que no comparten ese interés y no coinciden con tales expectativas.

La Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato es la única zona del territorio guanajuatense en contar con ese nivel de protección, mediante un decreto federal —que en su momento emitió Felipe Calderón Hinojosa en su sexenio— que tiene implicaciones de preservación ambiental, desarrollo sustentable para hacer viables algunas actividades económicas en beneficio de sus habitantes, respeto a los usos y costumbres y prohibición de la práctica o permisos para ciertas actividades nocivas o de alto impacto (depredadoras ecológicas).

Como actividad económica de alto impacto, y altamente contaminante en varios de sus procesos y en ciertos perfiles de explotación, una de las actividades prohibidas en las denominadas “zonas núcleos” de la Reserva —restringida o controlada en las áreas de amortiguamiento, menos prohibitivas— es precisamente la minería.

Aún hay muchos vestigios de la depredación que las actividades mineras de antaño dejaron en aquella región, a pesar de que la mayoría cerraron hace más de cinco décadas: jales y terreros de elevados niveles que se acumulan a lo largo de varios caminos que comunican a los ejidos y poblados entre Xichú y Atarjea.

Si el propósito fuera efectivamente sanear la zona de esos desechos y fortalecer el desarrollo sustentable en favor de la población local, definitivamente sería una iniciativa ampliamente respaldada por todos, incluyendo a líderes sociales, ejidatarios, autoridades y académicos estudiosos de las características del área que abarca casi 237 mil hectáreas de los municipios de Xichú, Atarjea, Victoria, San Luis de la Paz y Santa Catarina.

Pero resulta que varios de los materiales (metales, sustancias derivadas de los procesos de aquellos años) que han quedado depositados en dichos terreros, ahora son altamente codiciados en el mercado mundial.

Y los dueños de aquellas concesiones abandonadas, y otros interesados en tramitar nuevos permisos, han puesto nuevamente el ojo en esta zona.

Como quien dice, ya enseñaron el cobre.

Sólo que, como ahora se trata de una Reserva de la Biósfera, pues decidieron que algo había qué hacer para salvar dicho obstáculo. Y qué mejor discurso que el del empleo.

“Hay que modificar las zonas núcleo (donde se encuentran varias de esas concesiones y denuncios) para reabrir y explotar, porque eso dará trabajo a mucha gente” fue el discurso que comenzaron a deslizar entre presidentes municipales, ejidatarios, diputados locales y federales.

El peor ejemplo lo puso el propio director de la Reserva, Víctor Manuel Ildefonso, quien no sólo se convirtió en personero de los empresarios mineros y los reunió con todos estos personajes de la región, sino que se erigió como responsable de dar trámite a una solicitud supuestamente presentada por los alcaldes del trienio pasado (2009-2012), presuntamente por encargo de sus superiores, los titulares de Semarnat y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Conanp.

Ildefonso descartó que el Consejo asesor —integrado por representaciones de diversos sectores sociales, universidades y autoridades municipales y ambientales— pudiera superar lo que ya anticipaba como un hecho consumado: la modificación del decreto para abrir zonas actualmente prohibidas a la explotación minera.

Este martes 26, en la Casa de la Cultura de Victoria, una mayoría de los consejeros —y los propios presidentes municipales, en una reacción de cautela y sin ganas de entrar en una polémica— lograron frenar estos propósitos. Al frente del Consejo quedó Eliazar Velázquez Benavides, y se dejó en claro que, si bien es una figura asesora, su participación de acuerdo al decreto de la declaratoria es decisiva. Y ya nadie habló de minas, ni de cambios al decreto, curiosamente.

Se espera que para bien. Se espera que los siguientes pasos sean darle a la región la sustentabilidad que requieren sus bienes a preservar y sus pobladores en armonía (y algunos tipos de explotación minera no depredadora van incluidos), y se espera que intereses nocivos y trasnacionales queden fuera del camino a recorrer, muy largo aún, para cumplir con el objetivo fundamental por el que se emitió el decreto de protección.

Porque por algo se llama Reserva de la Biósfera, ¿o no?