Guanajuato, Gto. 27 de enero de 2017.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Irma Leticia González Sánchez, puso en duda la actuación del procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Raúl Montero de Alba, en relación al caso de los menores asesinados en San Miguel de Allende.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el asunto, que por el momento es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En sesión de la Diputación Permanente, hizo referencia a todos los señalamientos e inconsistencias que hay en relación al caso y a la actuación los agentes ministeriales y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
La diputada priista señaló que entre la población se le ha dado mayor credibilidad a la versión de la madre porque se les hace absurdo que el padre, siendo victimario de los occisos y el frustrado agresor de la madre, sostenga que su esposo es inocente.
Señaló que los medios de comunicación han dejado en entredicho las versiones de la Procuraduría de Justicia, que llevan a la conclusión, de que en este caso existe una gran falta de claridad y de precisión.
Manifestó que el 15 de este mes la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a través de la Subprocuraduría de la Región D, con sede en San Miguel de Allende inició una queja oficiosa en el expediente 4217-D y solicitó el resguardo físico y emocional del presunto responsable.
Sin embargo, calificó como un “desatino” del ombudsman el haber sostenido una reunión privada con el gobernador Miguel Márquez, porque este encuentro generó una sospecha sobre su independencia personal y la autonomía institucional de su organismo.
Por ello a nombre de su grupo parlamentario, pidió la intervención de agentes externos que dejen fuera cualquier duda o suspicacia en torno a la actuación del organismo protector de los derechos humanos en el estado.
